México en la encrucijada digital

El sábado 28 de junio de 2025, el Senado de la República aprobó, con 77 votos a favor y 30 en contra, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que promete transformar el panorama digital de México. Con esta legislación, el gobierno busca conectar a 15 millones de mexicanos sin acceso a internet, fortalecer a las radios comunitarias y garantizar una cobertura universal. Sin embargo, la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y disposiciones como la geolocalización en tiempo real de teléfonos móviles sin orden judicial han desatado una ola de críticas por posibles atentados contra la libertad de expresión y la privacidad de los ciudadanos.

“Esta ley es un paso hacia un régimen de control. La vigilancia sin frenos judiciales y la capacidad de suspender transmisiones son señales de autoritarismo”, advirtió el senador Ricardo Anaya, del PAN, durante el debate en el pleno.

Contexto histórico: La evolución de las telecomunicaciones en México

El sector de las telecomunicaciones en México ha sido un terreno de profundas transformaciones desde la privatización de Telmex en 1990. La reforma de 2013, impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, marcó un hito al crear el IFT como un órgano autónomo encargado de regular el espectro radioeléctrico, promover la competencia y garantizar los derechos de los usuarios. Esta reforma rompió con décadas de dominio de gigantes como Televisa y América Móvil, reduciendo tarifas y aumentando la penetración de internet, que hoy alcanza al 76% de la población, según datos del INEGI.

Sin embargo, la actual administración de Morena, liderada por Sheinbaum, ha cuestionado la autonomía del IFT, argumentando que su estructura burocrática y su enfoque económico han dejado rezagadas a comunidades rurales. La nueva ley, parte de la reforma constitucional de simplificación administrativa de 2024, elimina al IFT y transfiere sus funciones a la ATDT, un organismo dependiente del Ejecutivo Federal, y a la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un ente desconcentrado con supuesta independencia técnica.

“Queremos un internet para todos, especialmente en zonas marginadas. La CFE llevará cobertura donde los privados no llegan”, afirmó la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina del 23 de mayo de 2025.

Los pilares de la nueva ley: Conexión universal y regulación estatal

La reforma tiene objetivos ambiciosos: conectar a los 15 millones de mexicanos que carecen de acceso a internet, fortalecer las radios comunitarias, indígenas y afromexicanas, y garantizar la neutralidad de la red. Para lograrlo, la ley permite a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrecer servicios de internet en áreas rurales, inspirándose en un modelo brasileño donde los privados pueden exentar pagos de concesión a cambio de ampliar la cobertura. Además, se reserva un tramo de las bandas de AM y FM para emisoras comunitarias, que podrán comercializar hasta 40 segundos de publicidad por hora para financiar sus operaciones.

Otro punto destacado es la prohibición de propaganda política o ideológica extranjera, una medida que responde a un spot antiinmigrante estadounidense difundido en medios mexicanos en 2024. Los concesionarios que violen esta norma enfrentarán multas de hasta el 5% de sus ingresos anuales. Asimismo, la ley fortalece los contenidos educativos y culturales, destinando 30 minutos diarios a estos fines, administrados por la Secretaría de Gobernación.

“La ley protege la soberanía informativa y asegura que los mexicanos tengan acceso a contenidos de calidad”, declaró el senador Miguel Pavel Jarero, de Morena.

Las sombras de la reforma: Vigilancia y censura

Pese a los objetivos de inclusión digital, la ley ha generado una fuerte controversia por disposiciones que amenazan derechos fundamentales. Uno de los puntos más criticados es la autorización de la geolocalización en tiempo real de teléfonos móviles sin orden judicial, justificada como una medida de seguridad nacional. Este mecanismo, regulado por la ATDT, permite a “autoridades competentes” —un término no definido en la ley— acceder a datos de usuarios sin supervisión judicial, lo que expertos consideran una violación a la privacidad.

“Si los ciudadanos saben que están siendo monitoreados, dejarán de expresarse libremente. Esto es censura indirecta”, alertó Jersain Llamas, consultor en ciberseguridad.

Otro aspecto polémico es la facultad de la Secretaría de Gobernación para suspender transmisiones de radio y televisión por presuntas violaciones a los derechos de las audiencias. Aunque el artículo 109, que permitía el bloqueo de plataformas digitales, fue eliminado tras protestas ciudadanas y críticas internacionales, especialistas advierten que el artículo 8, fracción LXV, mantiene la posibilidad de restringir contenidos bajo criterios discrecionales.

La creación de un registro de usuarios de telefonía móvil, cuya consulta estará sujeta a lineamientos de la ATDT, también ha encendido alarmas. Este registro, que podría incluir datos biométricos, recuerda al fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) de 2009, que fue eliminado por ineficaz y violatorio de la privacidad.

Voces críticas: Oposición, sociedad civil y organismos internacionales

La oposición, encabezada por el PAN y el PRI, ha calificado la ley como un retroceso democrático. El senador Alejandro Moreno, líder del PRI, la describió como una “guía para un régimen dictatorial”. Organismos como Artículo 19 y la ONU-DH han advertido que la concentración de poder en la ATDT, dependiente del Ejecutivo, elimina los contrapesos que garantizaba el IFT. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) señaló que la ley podría facilitar una “vigilancia masiva” y restringir la libertad de expresión en internet.

“La ley no define quiénes son las ‘autoridades competentes’ ni los criterios para bloquear contenidos. Esto abre la puerta a abusos”, afirmó un informe de R3D.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su disposición a participar en consultas para mejorar la redacción de la ley, pero destacó la necesidad de proteger las libertades fundamentales. Ciudadanos y activistas han protestado frente al Senado, con consignas como “¡Ley censura, segura dictadura!” que resonaron en abril de 2025, cuando se pospuso la primera discusión del proyecto.

El proceso legislativo: Fast track y diálogos truncados

La aprobación de la ley en el Senado no estuvo exenta de controversias. En abril de 2025, las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen en un proceso fast track, con 29 votos a favor y 9 en contra. La premura generó críticas por la falta de un parlamento abierto amplio. Tras protestas, Sheinbaum solicitó pausar la discusión para abrir mesas de diálogo, que se realizaron en mayo con la participación de expertos, empresarios y ciudadanos. Sin embargo, las modificaciones fueron mínimas, y la eliminación del artículo 109 no disipó las preocupaciones sobre otros puntos de la ley.

“A pesar de las consultas, la ley sigue siendo un riesgo para la democracia digital”, afirmó Manuel Añorve, senador del PRI.

El dictamen, aprobado el 28 de junio, fue turnado a la Cámara de Diputados, donde se espera un nuevo debate. La ley entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, si no sufre cambios sustanciales.

Implicaciones para México: Entre la inclusión y el control

La nueva Ley de Telecomunicaciones representa un intento de equilibrar la inclusión digital con un mayor control estatal sobre el sector. Por un lado, la promesa de conectar a 15 millones de mexicanos y fortalecer a las radios comunitarias responde a una deuda histórica con las zonas marginadas. Por otro, la eliminación del IFT, la dependencia de la ATDT del Ejecutivo y las facultades de vigilancia y suspensión de contenidos generan temores de un retroceso en las libertades digitales.

En un contexto global donde países como China y Rusia han implementado controles estrictos sobre internet, México enfrenta el desafío de no replicar modelos autoritarios. La ley también llega en un momento de tensiones políticas internas, con Morena consolidando su poder tras las elecciones de 2024, lo que intensifica los temores de una concentración de poder.

El futuro de la libertad digital en México

La aprobación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión marca un punto de inflexión para México. Mientras el gobierno defiende la reforma como un paso hacia la soberanía digital y la inclusión, las críticas de la oposición, la sociedad civil y los organismos internacionales advierten sobre un riesgo real para los derechos fundamentales. La Cámara de Diputados tiene ahora la oportunidad de revisar el dictamen y garantizar que las libertades de expresión y privacidad no queden comprometidas.

En un mundo cada vez más conectado, México debe encontrar un equilibrio entre la universalidad del acceso a internet y la protección de los derechos digitales. La pregunta que queda es si esta ley será un puente hacia la inclusión o una herramienta de control en manos del Estado.