Un Escándalo de Millones

En un giro inesperado, un conflicto entre dos empresarios israelíes ha puesto al descubierto un presunto esquema de corrupción que involucra al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Según documentos revelados por el diario israelí The Marker, Avishai Neriah y Uri Ansbacher habrían canalizado 25 millones de dólares (aproximadamente 500 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual) hacia el exmandatario entre 2012 y 2018, con el objetivo de asegurar contratos gubernamentales para la comercialización del software espía Pegasus, desarrollado por la empresa NSO Group. Este programa, conocido por su capacidad de infiltrarse en dispositivos móviles para monitorear comunicaciones, fue utilizado durante el sexenio de Peña Nieto para vigilar a periodistas, activistas y opositores políticos, según investigaciones previas.

La noticia, que estalló como una bomba en los círculos políticos mexicanos, no solo reaviva el debate sobre la transparencia en el gobierno de Peña Nieto, sino que también plantea preguntas sobre la ética en los contratos internacionales y el uso de tecnologías de vigilancia en democracias modernas. Este reportaje profundiza en los detalles del caso, los antecedentes históricos del espionaje en México, las implicaciones legales y políticas, y las voces que exigen justicia en un país donde la impunidad sigue siendo un desafío persistente.

Los Orígenes del Escándalo: Un Arbitraje en Jerusalén

El caso salió a la luz gracias a una disputa legal entre Neriah y Ansbacher, quienes inicialmente buscaron resolver sus diferencias en un arbitraje confidencial bajo las leyes del Talmud. Según The Marker, los empresarios, que actuaban como intermediarios entre compañías israelíes y el gobierno mexicano, invirtieron conjuntamente una suma millonaria en lo que describieron como una "figura de alto rango" en México, identificada en los documentos como "el N" o "el hombre mayor". Aunque los documentos no nombran explícitamente a Peña Nieto, las fechas mencionadas (2012-2018) y el contexto político apuntan directamente al exmandatario, quien asumió la presidencia en diciembre de 2012 y la dejó en diciembre de 2018.

El conflicto entre los empresarios comenzó cuando Ansbacher exigió a Neriah el reembolso del 50% de los 25 millones de dólares, alegando que no había recibido los beneficios prometidos, como reuniones directas con Peña Nieto. Los árbitros, un panel de rabinos, señalaron que ambos empresarios se beneficiaron enormemente de su relación con esta figura, accediendo a "altas esferas del poder" en México. Sin embargo, la falta de acuerdo llevó el caso al Tribunal de Distrito de Jerusalén, donde los detalles se hicieron públicos, exponiendo una red de influencias que trasciende fronteras.

"Ambas partes sabían que su principal poder en el país provenía de su conexión con un alto funcionario del gobierno", señala el reporte de The Marker, citando documentos del arbitraje.

Pegasus: La Herramienta de la Discordia

El software Pegasus, desarrollado por NSO Group, es una herramienta de ciberespionaje capaz de infiltrarse en teléfonos móviles para extraer mensajes, correos, fotos y hasta activar micrófonos y cámaras sin el conocimiento del usuario. Durante el sexenio de Peña Nieto, este programa fue adquirido por instituciones mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Su uso, sin embargo, no se limitó a investigaciones criminales. En 2021, una investigación de Forbidden Stories y Amnistía Internacional reveló que Pegasus fue empleado para espiar a más de 1,000 personas en 50 países, incluyendo a periodistas como Carmen Aristegui y activistas de derechos humanos en México.

El caso de Pegasus no es nuevo en el panorama mexicano. En 2017, el grupo Citizen Lab de la Universidad de Toronto documentó cómo el software fue utilizado para vigilar a figuras clave de la sociedad civil, incluyendo a Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, y a defensores de derechos humanos involucrados en el caso Ayotzinapa. Estas revelaciones desataron una ola de indignación, pero las investigaciones oficiales no prosperaron, y los responsables nunca fueron plenamente identificados.

"Pegasus no solo violó la privacidad de individuos, sino que representó un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información en México", afirmó Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en una entrevista reciente.

Contexto Histórico: Espionaje y Poder en México

El uso de herramientas de vigilancia por parte del gobierno mexicano no es un fenómeno reciente. Desde los años 70, durante el periodo conocido como la "Guerra Sucia", el Estado mexicano empleó tácticas de espionaje para monitorear a disidentes políticos, estudiantes y movimientos sociales. La Dirección Federal de Seguridad (DFS), antecesora del Cisen, fue señalada por infiltrarse en organizaciones y reprimir a opositores. Aunque las instituciones han cambiado, las prácticas de vigilancia han persistido, adaptándose a las nuevas tecnologías.

Durante el sexenio de Peña Nieto, el contexto político estuvo marcado por escándalos de corrupción, como el caso de la "Casa Blanca" y las irregularidades en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El uso de Pegasus se suma a esta lista de controversias, reforzando la percepción de un gobierno que priorizó el control sobre la transparencia. La relación con empresarios extranjeros, como Neriah y Ansbacher, también refleja una práctica común en administraciones pasadas: la dependencia de intermediarios para facilitar contratos gubernamentales, a menudo a cambio de favores o pagos.

Las Conexiones de los Empresarios

Avishai Neriah y Uri Ansbacher no eran desconocidos en México. Según The Marker, ambos llegaron al país en el año 2000 como emisarios de la comunidad judía, pero pronto se convirtieron en figuras clave en el negocio de la seguridad. Neriah, en particular, estableció lazos con el gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador (2005-2011), lo que le dio una ventaja estratégica cuando el priista asumió la presidencia. En 2014, Neriah fue nombrado cónsul honorario de México en Haifa, un cargo que reforzó su influencia en las relaciones bilaterales.

Por su parte, Ansbacher está vinculado al fundador de NSO Group, la empresa detrás de Pegasus. Según reportes, él facilitó la venta del software a tres agencias de inteligencia mexicanas, un negocio que generó millones de dólares en contratos. Además, Ansbacher operaba a través de una red de empresas fachada, como KBH (acrónimo de "Bendito sea Él"), que fue investigada en México por su papel en el espionaje.

"La relación con Peña Nieto permitió a estos empresarios dividir el poder en México, asignándose autoridades gubernamentales como si fueran pertenencias", señala el reportaje de The Marker.

La Respuesta de Peña Nieto

El expresidente no se mantuvo en silencio ante las acusaciones. En una publicación en su cuenta de X el 6 de julio de 2025, Peña Nieto calificó la información como "totalmente falsa" y carente de "sustento periodístico".

"Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Queda la duda, en interés de quiénes, se hace tal publicación", escribió Peña Nieto, en su primera aparición pública en redes desde abril de 2025.

Sin embargo, su desmentido no ha acallado las críticas. Organizaciones como Artículo 19, que defiende la libertad de expresión, han exigido una investigación exhaustiva sobre el uso de Pegasus y los presuntos sobornos. La falta de claridad en los documentos legales, que no especifican cómo se canalizaron los 25 millones de dólares, complica la verificación de las acusaciones, pero también alimenta la desconfianza pública.

Implicaciones Legales y Políticas

El escándalo de Pegasus llega en un momento delicado para México. Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió investigar el uso del software espía, los avances han sido limitados. En 2024, Juan Carlos García Rivera, un exempleado de KBH, fue absuelto por falta de pruebas en un caso relacionado con el hackeo del teléfono de la periodista Carmen Aristegui. Este precedente sugiere que llevar a los responsables ante la justicia será un desafío, especialmente si figuras clave como Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y prófugo en Israel, están involucradas.

A nivel internacional, el caso pone en entredicho la regulación de tecnologías de vigilancia. NSO Group ha enfrentado críticas globales por vender Pegasus a gobiernos con antecedentes de violaciones a los derechos humanos. En 2021, Estados Unidos incluyó a la empresa en una lista negra comercial, y varios países han restringido su uso. Sin embargo, la demanda de estas herramientas sigue creciendo, alimentada por conflictos geopolíticos y la lucha contra el crimen organizado.

En México, el escándalo podría tener repercusiones políticas de largo alcance. Aunque Peña Nieto reside actualmente en España, donde enfrenta investigaciones por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, las nuevas acusaciones podrían intensificar el escrutinio sobre su administración. Además, el caso reaviva el debate sobre la necesidad de reformas para garantizar la transparencia en los contratos gubernamentales y proteger los derechos digitales de los ciudadanos.

Voces de la Sociedad Civil

Organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa han alzado la voz. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha señalado que el uso de Pegasus representa una violación sistemática de los derechos humanos, mientras que Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades mexicanas reabrir las investigaciones sobre el caso.

"No basta con desmentidos. Necesitamos justicia y claridad sobre quiénes ordenaron y financiaron estas operaciones de espionaje", exigió Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 en México.

Por su parte, la sociedad civil mexicana, hastiada de escándalos de corrupción, ha reaccionado con escepticismo. En redes sociales, usuarios han expresado su indignación, pero también su resignación ante la falta de consecuencias para los involucrados. La impunidad, un problema estructural en México, sigue siendo el principal obstáculo para cerrar este capítulo.

Un Futuro Incierto

El caso de los 25 millones de dólares y Pegasus es más que un escándalo aislado; es un reflejo de las complejas dinámicas de poder, corrupción y tecnología que han marcado la historia reciente de México. Mientras las investigaciones avanzan (o no) en México e Israel, la sombra de Pegasus sigue planeando sobre el legado de Peña Nieto, recordándonos que la vigilancia estatal y los negocios opacos son dos caras de la misma moneda.

Para los mexicanos, este caso no solo es una oportunidad para exigir justicia, sino también para reflexionar sobre el tipo de democracia que desean construir. En un país donde la confianza en las instituciones está erosionada, cada revelación como esta es un recordatorio de la urgencia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.