Trump endurece la política migratoria

En un movimiento que sacude las bases de la relación México-Estados Unidos, el Senado estadounidense dio luz verde el pasado 1 de julio de 2025 al ambicioso plan fiscal del presidente Donald Trump, un proyecto que no solo busca consolidar su agenda económica, sino que golpea directamente a los migrantes, especialmente a los mexicanos, quienes representan una de las comunidades más numerosas en el país vecino. Este paquete legislativo, bautizado por el propio Trump como el “One Big Beautiful Bill”, combina recortes fiscales, inversión en seguridad fronteriza y medidas que endurecen las condiciones para los migrantes indocumentados. Sin embargo, detrás de la retórica triunfalista del mandatario, se esconden profundas implicaciones para millones de personas y las economías de países dependientes de las remesas, como México.

Un plan con raíces en la primera administración Trump

El actual proyecto legislativo no es una novedad absoluta, sino una extensión de las políticas que marcaron el primer mandato de Trump (2017-2021). Durante aquellos años, el republicano impulsó recortes fiscales que beneficiaron principalmente a las grandes corporaciones y a los sectores de mayores ingresos, mientras promovía una retórica antiinmigrante que incluyó la construcción del muro fronterizo y la implementación del programa “Quédate en México”. Ahora, en su segundo mandato, Trump retoma estas iniciativas con mayor ambición, respaldado por una mayoría republicana en el Congreso que, aunque ajustada, le ha permitido avanzar en su agenda.

El plan aprobado por el Senado incluye un gravamen del 1% a las remesas enviadas por migrantes a sus países de origen, una medida que contrasta con la propuesta inicial de la Cámara de Representantes, que sugería un impuesto del 3.5%. Este ajuste, aunque parece menor, no reduce el impacto en comunidades que dependen de estos flujos económicos. En 2024, México recibió 64,745 millones de dólares en remesas, según datos del Banco de México, consolidándose como el segundo receptor mundial. Un impuesto del 1% podría restar al menos 12,000 millones de pesos anuales al poder adquisitivo de las familias mexicanas, afectando directamente a las comunidades más vulnerables.

“Este proyecto es la pieza legislativa más importante para la seguridad fronteriza en la historia de Estados Unidos”, afirmó Trump en un mensaje en su red social Truth Social, celebrando la aprobación del Senado.

Deportaciones masivas: Una maquinaria en marcha

El componente migratorio del plan es, sin duda, el que genera mayor preocupación. Con un presupuesto de 170,000 millones de dólares destinado a la seguridad fronteriza durante los próximos cuatro años, el gobierno de Trump planea contratar 20,000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Además, se asignarán 64,000 millones de dólares para continuar la construcción del muro fronterizo y 70,000 millones para la creación y mantenimiento de centros de detención, incluyendo el polémico “Alligator Alcatraz” en Florida, un centro rodeado de caimanes que ha desatado críticas por su simbolismo intimidatorio.

La magnitud de estas medidas apunta a un objetivo claro: deportaciones masivas. Según el Instituto CATO, la capacidad de los centros de detención podría pasar de 50,000 a 200,000 personas, un aumento sin precedentes que refleja la prioridad de la administración Trump de cumplir su promesa de campaña de expulsar a los 11 millones de indocumentados estimados en Estados Unidos.

“La mayor operación de deportación en la historia está en marcha. Promesas hechas, promesas cumplidas”, declaró Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, el 24 de enero de 2025, tras el inicio de los primeros vuelos de deportación desde Texas.

Organizaciones de derechos humanos, como el Foro Nacional de Inmigración, han calificado estas políticas como “inhumanas” y advierten que separarán familias y debilitarán la economía estadounidense, que depende en gran medida de la mano de obra migrante en sectores como la agricultura, la construcción y la hospitalidad.

Impacto económico en México: Las remesas bajo presión

El gravamen a las remesas no solo afecta a los migrantes, sino que tiene un impacto directo en México, donde estas transferencias son un pilar económico. En 2024, las remesas representaron cerca del 4% del PIB mexicano, superando incluso los ingresos por exportaciones petroleras. La imposición de un impuesto, aunque sea del 1%, podría desincentivar el envío de dinero y reducir el flujo de recursos hacia comunidades rurales, donde las remesas suelen destinarse a necesidades básicas como alimentos, educación y salud.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha calificado la medida como “discriminatoria” y una “injusticia” hacia los migrantes mexicanos. En un mensaje reciente, Sheinbaum reiteró su compromiso de defender a los connacionales en Estados Unidos, subrayando que México “no es colonia de nadie”. Sin embargo, la capacidad del gobierno mexicano para contrarrestar estas políticas es limitada, dado el peso económico y político de Estados Unidos.

El impacto no se limita a las remesas. El plan también eleva los costos de trámites migratorios, como la solicitud de asilo, que ahora tendrá un costo de 18,744 pesos (1,000 dólares), y los permisos de trabajo, que ascenderán a 10,300 pesos (550 dólares) por seis meses. Estas tarifas, sumadas a restricciones en programas sociales como Medicaid, dificultan aún más la integración de los migrantes en la sociedad estadounidense.

Contexto histórico: Una retórica que persiste

La retórica antiinmigrante de Trump no es nueva. Desde su campaña de 2016, el magnate ha utilizado el tema migratorio como una herramienta política, calificando a los indocumentados como “criminales” o “invasores” y prometiendo medidas drásticas. En su primer mandato, implementó políticas como la separación de familias en la frontera, que dejó a miles de niños en centros de detención, y el programa “Quédate en México”, que obligó a solicitantes de asilo a esperar en condiciones precarias al otro lado de la frontera.

Ahora, con el respaldo de una Corte Suprema favorable y un Congreso dominado por republicanos, Trump cuenta con un entorno más propicio para ejecutar su visión. Sin embargo, no está exento de oposición. Senadores republicanos como Thom Tillis, Susan Collins y Rand Paul votaron en contra del proyecto, argumentando preocupaciones sobre el déficit fiscal y los recortes a programas sociales. Los demócratas, por su parte, han calificado el plan como un “abuso de poder” que amenaza los valores estadounidenses.

Voces desde la frontera: La incertidumbre de los migrantes

En ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, los migrantes que aguardan resoluciones de asilo enfrentan un futuro incierto. Oralia, una madre mexicana que huyó de la violencia del narcotráfico, expresó a medios internacionales su esperanza de que “Dios ablande el corazón de Trump”. Su testimonio refleja el temor de miles de personas que ven en estas políticas una barrera infranqueable para sus sueños de seguridad y estabilidad.

Organizaciones como United We Dream han advertido que las medidas de Trump buscan “destruir vidas” y generar un “reino de terror” en comunidades migrantes. En Los Ángeles, Chicago y Nueva York, ciudades señaladas por Trump como objetivos prioritarios para deportaciones, las protestas han crecido, con activistas denunciando un discurso xenófobo que recuerda a las peores épocas de persecución en la historia estadounidense.

Implicaciones globales: Más allá de la frontera

El endurecimiento migratorio en Estados Unidos no solo afecta a México, sino que tiene repercusiones en toda América Latina. Países como Guatemala, Honduras y El Salvador, que también dependen de las remesas, enfrentarán presiones económicas similares. Además, la designación de cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras” podría escalar las tensiones diplomáticas, especialmente tras las amenazas de Trump de imponer aranceles del 25% a México si no se detiene el flujo migratorio y de drogas.

En el ámbito doméstico, el plan fiscal de Trump ha generado divisiones incluso dentro del Partido Republicano. Mientras algunos legisladores celebran los recortes fiscales y el enfoque en la “seguridad nacional”, otros advierten que el aumento del déficit, estimado en 2.4 billones de dólares en la próxima década, podría llevar al país a una crisis económica.

Un futuro incierto para las comunidades migrantes

A medida que el proyecto regresa a la Cámara de Representantes para su conciliación, el destino de millones de migrantes pende de un hilo. La posibilidad de un impuesto más alto a las remesas, la expansión de centros de detención y la militarización de la frontera dibujan un panorama sombrío para quienes buscan el “sueño americano”.

Sin embargo, la resistencia no se hace esperar. En estados “santuario” como California y Nueva York, las autoridades locales han prometido proteger a los migrantes, mientras que organizaciones civiles preparan demandas para bloquear las medidas más draconianas. En México, el gobierno y la sociedad civil buscan estrategias para mitigar el impacto económico y social de estas políticas.

El plan de Trump no es solo un paquete fiscal; es un reflejo de una visión de país que prioriza la exclusión sobre la integración. Para los migrantes mexicanos, el mensaje es claro: su contribución a la economía y la sociedad estadounidense enfrenta un nuevo obstáculo, uno que requerirá resiliencia, solidaridad y, sobre todo, una lucha incansable por sus derechos.