Campos vacíos, cosechas perdidas

En los vastos campos agrícolas del condado de Ventura y el Valle Central de California, el sol abrasador de junio ilumina un panorama desolador: hileras de fresas, limones y aguacates maduros que se pudren sin ser recolectados. La razón no es una plaga ni un desastre natural, sino el miedo. Las redadas migratoriasimpulsadas por el segundo mandato del presidente Donald Trump han sembrado pánico entre los trabajadores agrícolas, en su mayoría migrantes indocumentados, quienes han optado por no presentarse a trabajar para evitar ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta situación, que comenzó a intensificarse en junio de 2025, no solo pone en riesgo la economía agrícola de California, responsable de producir más de un tercio de las verduras y tres cuartas partes de las frutas y nueces de Estados Unidos, sino que amenaza con desencadenar un efecto dominó en la cadena de suministro de alimentos a nivel nacional.

El corazón agrícola de Estados Unidos bajo presión

California es conocida como la despensa de Estados Unidos. Sus tierras fértiles generan anualmente cerca de 60,000 millones de dólares en ventas agrícolas, según el Departamento de Alimentación y Agricultura de California. En 2023, el estado produjo el 75% de las frutas y nueces del país y más de un tercio de sus verduras. Sin embargo, esta industria depende en gran medida de una fuerza laboral que, en su mayoría, no cuenta con autorización legal para trabajar en el país. Se estima que el 80% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos son de origen extranjero, y casi la mitad de ellos carecen de estatus migratorio legal.

En este contexto, las redadas de ICE han generado un impacto inmediato. En el condado de Ventura, un agricultor de sexta generación relató que el 70% de los trabajadores de los campos locales han dejado de presentarse desde que comenzaron los operativos a principios de junio.

“Si el 70% de tu mano de obra no aparece, el 70% de tu cosecha no se recoge y puede echarse a perder en un día. Esto es un punto de inflexión que podría llevar a muchos agricultores a la quiebra”, afirmó un productor local en una entrevista reciente.

En otros campos, la situación es igualmente crítica. Un supervisor mexicano, que prefirió mantenerse en el anonimato, reportó que de los 300 trabajadores habituales en una plantación de fresas, solo 80 acudieron tras las redadas. Otro supervisor señaló que su equipo se redujo de 80 a 17 personas en un solo día. Estas cifras reflejan no solo el temor de los trabajadores, sino también la fragilidad de un sistema agrícola que depende de una mano de obra vulnerable.

Un pasado que se repite: La política migratoria de Trump

La ofensiva migratoria de Trump no es un fenómeno nuevo. Durante su primer mandato (2017-2021), las redadas en lugares de trabajo fueron una constante. Un ejemplo emblemático fue la operación de 2019 en plantas procesadoras de pollo en Mississippi, donde se detuvo a 680 trabajadores en un solo día. Estas acciones, diseñadas para disuadir la migración irregular, generaron críticas por su impacto en comunidades trabajadoras y por no abordar las causas estructurales de la dependencia de mano de obra indocumentada.

Tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, las redadas en lugares de trabajo disminuyeron, con un enfoque en sancionar a empleadores que explotaran a trabajadores migrantes. Sin embargo, el regreso de Trump al poder en 2025 marcó un retorno a las políticas agresivas. Bajo la dirección de Tom Homan, designado como “zar de la frontera”, y Stephen Miller, asesor clave, ICE ha intensificado sus operativos con una meta ambiciosa: 3,000 detenciones diarias. Esta estrategia incluye redadas en granjas, fábricas, estacionamientos de Home Depot y lavaderos de autos, afectando sectores que dependen de trabajadores migrantes.

En California, los operativos han sido particularmente visibles. Videos difundidos por el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) muestran a agentes de ICE persiguiendo a trabajadores a través de cultivos en Oxnard, una imagen que ha desatado indignación en redes sociales.

“Es una campaña para infundir miedo contra personas cuyo único delito es alimentar a los estadounidenses”, declaró un líder comunitario en Ventura, en referencia a los operativos.

Impacto económico: Más allá de los campos

La ausencia de trabajadores no solo afecta a los agricultores, sino que tiene repercusiones en toda la cadena de suministro. Sin mano de obra, los cultivos se pierden en el momento crítico de la cosecha, lo que podría traducirse en un aumento de precios para los consumidores. Según un economista republicano, la pérdida de trabajadores indocumentados podría generar pérdidas millonarias en la industria agrícola, con un impacto directo en los supermercados y las mesas de los estadounidenses.

En el condado de Ventura, las autoridades locales estiman que entre el 25% y el 45% de los trabajadores agrícolas han dejado de asistir desde el inicio de las redadas. Esta cifra, aunque menor que el 70% reportado por algunos productores, sigue siendo alarmante.

“Cuando nuestra fuerza laboral tiene miedo, los campos no se cosechan, las empacadoras se retrasan y las cadenas de suministro, desde tiendas locales hasta minoristas nacionales, se ven afectadas”, advirtió una funcionaria agrícola local.

El impacto no se limita a la agricultura. En estados como Nuevo México y Texas, lecherías y restaurantes han reportado cierres temporales por falta de personal. En Nebraska, una planta procesadora de carne operaba al 30% de su capacidad tras una redada que dejó 100 trabajadores menos en un solo día. Estos casos ilustran cómo las políticas migratorias de Trump están afectando no solo a los migrantes, sino también a las economías locales y a los consumidores.

Resistencia y adaptación en tiempos de crisis

A pesar del miedo, muchos trabajadores agrícolas han regresado a los campos por necesidad económica. Organizaciones comunitarias reportan que, tras un descenso inicial en la asistencia, los jornaleros vuelven porque no tienen otras fuentes de ingresos. Sin embargo, han adoptado medidas para protegerse, como compartir transporte con personas con estatus legal o enviar a niños ciudadanos estadounidenses a realizar compras para evitar exponerse.

En respuesta a las redadas, algunos supervisores han impedido el acceso de agentes de ICE a las granjas al exigir órdenes judiciales, una práctica respaldada por grupos como la Central Coast Alliance United for a Sustainable Economy.

“Estas redadas no se enfocan en individuos específicos, sino que son un ataque masivo contra comunidades trabajadoras”, señaló un activista local.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha condenado las acciones como “debilidad disfrazada de fuerza” y ha presentado demandas contra la administración Trump, argumentando que el despliegue de la Guardia Nacional para apoyar a ICE es ilegal. En Ventura, la alcaldesa Jeannette Sanchez-Palacios ha destacado el impacto en la economía local, mientras que el alcalde de Oxnard, Luis McArthur, calificó las redadas como “injustificadas” y pidió proteger a las familias trabajadoras.

Contexto histórico: La dependencia de la mano de obra migrante

La dependencia de California de los trabajadores migrantes no es un fenómeno reciente. Desde la década de 1940, el programa Bracero permitió la entrada de millones de mexicanos para trabajar en la agricultura estadounidense, sentando las bases de una relación laboral que persiste hasta hoy. Aunque el programa terminó en 1964, la migración continuó, alimentada por la demanda de mano de obra en un sector que los trabajadores estadounidenses suelen evitar debido a las duras condiciones y los bajos salarios, que promedian 20,000 dólares anuales (unos 375,000 pesos mexicanos).

Esta realidad ha creado un sistema en el que los trabajadores indocumentados son esenciales, pero vulnerables. La falta de una reforma migratoria integral ha perpetuado un círculo vicioso: los jornaleros enfrentan condiciones de aislamiento social, bajos salarios y el constante temor a la deportación, mientras los empleadores dependen de ellos para mantener sus operaciones.

Voces desde el campo: El costo humano

Para los trabajadores, las redadas no son solo una amenaza económica, sino una fuente de angustia personal. Un jornalero mexicano, con dos décadas en Estados Unidos, relató cómo presenció el arresto de compañeros mientras recogía fresas.

“Lo primero que pensé fue: ¿quién cuidará a mis hijos? No somos criminales, solo queremos trabajar”,expresó, visiblemente afectado.

En Oxnard, mujeres trabajadoras rompieron en llanto al ver a sus compañeros detenidos, mientras que en el Valle Central, familias enteras han optado por permanecer en casa, sacrificando ingresos esenciales. Organizaciones como 805 UndocuFund han reportado al menos 43 detenciones en Ventura y Santa Bárbara, basándose en datos del consulado mexicano y testimonios de familiares.

Reacciones políticas: Una coalición dividida

Las redadas han generado críticas incluso entre republicanos. El congresista David Valadao, representante de California, expresó su preocupación por los operativos, instando a priorizar la deportación de delincuentes sobre trabajadores agrícolas.

“Sigo preocupado por las operaciones de ICE en California y continuaré pidiéndole al gobierno que se enfoque en amenazas reales”, declaró Valadao en redes sociales.

Por otro lado, Trump ha reconocido las preocupaciones de los agricultores, prometiendo ajustes en las políticas migratorias, aunque sin detalles concretos. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha ejercido presión interna para suspender las redadas en granjas, logrando una pausa temporal que fue revertida días después, según el Sindicato de Trabajadores Agrícolas.

Implicaciones a futuro: ¿Hacia dónde va California?

La crisis actual pone de manifiesto la necesidad de una reforma migratoria. Organizaciones como la UFW han abogado por la aprobación de la Ley de Modernización de los Trabajadores Agrícolas, que otorgaría un camino a la legalización para los jornaleros. Sin embargo, el clima político polarizado y la prioridad de Trump en las deportaciones dificultan su avance.

A corto plazo, los agricultores enfrentan un dilema. Algunos, como los productores de uvas y fresas, consideran la mecanización como una solución, pero los costos iniciales, estimados en millones de dólares, son prohibitivos para muchos. Además, la tecnología no puede reemplazar completamente la destreza de los trabajadores en cultivos delicados como las fresas.

A largo plazo, la economía de California y de Estados Unidos podría resentir el impacto. La interrupción en la producción agrícola podría elevar los precios de alimentos en hasta un 10%, según proyecciones de economistas. Esto afectaría no solo a los consumidores estadounidenses, sino también a países como México, que importa 2,000 millones de dólares en productos agrícolas de California anualmente.

Un llamado a la acción

La situación en California es un recordatorio de la interdependencia entre los migrantes y la economía estadounidense. Mientras los campos permanecen vacíos y las cosechas se pierden, las comunidades migrantes viven con miedo, y los agricultores enfrentan la quiebra. La solución no radica en más redadas, sino en políticas que reconozcan la contribución de los trabajadores migrantes y aborden las necesidades del sector agrícola.

En México, el gobierno ha exigido esclarecer casos de detenciones arbitrarias, como el de Narciso Barranco, un jardinero mexicano arrestado brutalmente en California a pesar de ser padre de tres militares estadounidenses. La comunidad internacional, por su parte, observa con preocupación cómo las políticas de Trump podrían desestabilizar las cadenas de suministro globales.

California, el corazón agrícola de Estados Unidos, enfrenta un momento crítico. La resistencia de los trabajadores, la presión de los agricultores y las demandas de las autoridades locales podrían forzar un cambio en la narrativa migratoria. Mientras tanto, los campos vacíos son un testimonio silencioso de una crisis que trasciende fronteras y exige soluciones urgentes.