Sheinbaum defiende la Ley de Telecomunicaciones

En la mañana del 1 de julio de 2025, desde el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió al paso de las críticas que han rodeado a la recién aprobada Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un proyecto que ha desatado un intenso debate en México. Con un mensaje contundente, la mandataria afirmó:

“No hay censura, ni espionaje, ni nada que se le parezca”,

subrayando que la reforma busca garantizar el acceso universal a internet, proteger los derechos de las audiencias y regular el espectro radioeléctrico en beneficio del interés nacional. Sin embargo, las voces opositoras, desde partidos políticos hasta organizaciones de derechos digitales, han calificado la legislación como un potencial instrumento de control estatal, reavivando temores sobre la libertad de expresión en un país con una historia compleja en materia de regulación mediática.

Origen y contexto: Una reforma con raíces históricas

La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Senado el 28 de junio de 2025 y actualmente en revisión en la Cámara de Diputados es una pieza clave de la agenda de la Cuarta Transformación. Este proyecto legislativo, impulsado directamente por el Ejecutivo, busca reemplazar la ley de 2014, aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que había sido criticada por favorecer los intereses de grandes corporaciones mediáticas y debilitar los derechos de las audiencias. Aquella reforma, respaldada por el PRI y el PAN, eliminó restricciones a la propaganda extranjera y limitó las facultades del Estado para regular el espectro radioeléctrico, un recurso considerado de dominio público por la Constitución mexicana.

El nuevo marco legal surge en un contexto de profundas transformaciones en el sector de las telecomunicaciones. México, con una población de 126 millones de habitantes, enfrenta una brecha digitalsignificativa: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024, 16 millones de mexicanos, aproximadamente el 12.7% de la población, carecían de acceso a internet. Esta disparidad es especialmente marcada en comunidades rurales e indígenas, donde la conectividad es limitada o inexistente. La presidenta Sheinbaum ha enfatizado que la nueva ley busca cerrar esta brecha, promoviendo el acceso a internet como un derecho fundamental y fortaleciendo los medios comunitarios, especialmente los indígenas y afromexicanos, que históricamente han sido marginados en el reparto de frecuencias.

Los pilares de la reforma: Acceso, regulación y prohibición de propaganda extranjera

El corazón de la Ley de Telecomunicaciones radica en tres objetivos principales. Primero, garantizar el acceso universal a internet, con un enfoque en zonas marginadas. Segundo, establecer un marco regulatorio moderno que recupere atribuciones estatales, incluyendo la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que reemplazará al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Tercero, restablecer la prohibición de transmitir propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros en medios mexicanos, una medida eliminada en 2014 y que cobró relevancia tras la difusión de spots antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump en televisoras mexicanas como Televisa.

La ATDT, concebida como una secretaría de Estado, asumirá la regulación del espectro radioeléctrico y las concesiones, con un enfoque en la transparencia y la competencia. Según el proyecto, las concesiones para uso comercial, público, privado y social podrán otorgarse por hasta 30 años, ya sea de manera directa o por subasta, con el objetivo de diversificar el mercado y reducir la concentración de poder en manos de gigantes como Televisa y TV Azteca. Además, se prevén sanciones económicas de entre el 0.01% y el 5% de los ingresos de los concesionarios por incumplimientos, incluyendo la transmisión de propaganda extranjera, y causales de revocación de concesiones por violaciones graves, como el incumplimiento del Plan de Reemplazo de Recursos Orbitales.

El debate sobre la censura: ¿Realidad o percepción?

El punto más controvertido de la reforma ha sido su potencial impacto en la libertad de expresión. Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han advertido que ciertos artículos, aunque modificados tras un intenso debate en abril de 2025, podrían otorgar al gobierno herramientas para controlar contenidos en plataformas digitales. En particular, el artículo 109, que inicialmente permitía a la ATDT “bloquear temporalmente” plataformas por incumplimientos legales, desató una ola de críticas. La presidenta Sheinbaum, sensible a estas preocupaciones, ordenó su eliminación o reformulación en mayo de 2025, declarando:

“Si crea confusión y se piensa que es para censurar, ese nunca ha sido el objetivo”.

A pesar de estas modificaciones, la oposición, encabezada por el PAN y el PRI, sostiene que la ley sigue siendo un “instrumento de control político”. El senador Ricardo Anaya, coordinador del PAN, ha señalado que el artículo 183, que obliga a los operadores de telecomunicaciones a colaborar con autoridades de seguridad bajo mandato judicial, podría facilitar el espionaje a ciudadanos. Sin embargo, José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, ha refutado estas acusaciones, aclarando que dicho artículo es idéntico al de la ley de 2014 y que cualquier colaboración con autoridades requiere una orden judicial fundamentada.

“Es falso que esta sea una ley de espionaje. Los mecanismos son los mismos que existían desde 2014”, afirmó Peña Merino en la conferencia matutina del 1 de julio de 2025.

La sombra del pasado: Espionaje y medios en México

El temor a la vigilancia estatal no es infundado en México, donde los escándalos de espionaje han marcado la historia reciente. En 2017, el caso del software Pegasus reveló que el gobierno de Peña Nieto había espiado a periodistas, activistas y opositores, un episodio que Sheinbaum misma ha recordado, señalando que ella fue víctima de vigilancia durante su campaña a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018. Esta experiencia, según la presidenta, refuerza su compromiso con la transparencia:

“La hipocresía de la oposición es clara: ellos sí nos espiaban a nosotros”, afirmó, acusando al PRI y al PAN de usar las críticas actuales como una estrategia para deslegitimar la reforma.

Históricamente, el sector de las telecomunicaciones en México ha estado dominado por un puñado de corporaciones con fuertes vínculos con el poder político. Durante décadas, Televisa y TV Azteca han controlado más del 90% del mercado de la televisión abierta, según datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT). Esta concentración ha limitado la diversidad de contenidos y ha permitido la difusión de mensajes que, en ocasiones, han sido cuestionados por su sesgo político o comercial. La nueva ley busca revertir esta dinámica al fortalecer los derechos de las audiencias, exigiendo diversidad, igualdad de género y claridad en la distinción entre publicidad y contenido, especialmente en programación infantil.

Perspectivas encontradas: Entre el avance social y los riesgos regulatorios

El debate sobre la Ley de Telecomunicaciones refleja una tensión más amplia entre la regulación estatal y la libertad de expresión. Por un lado, el gobierno argumenta que la reforma es un paso hacia la justicia social, al priorizar el acceso a internet en comunidades marginadas y empoderar a medios comunitarios. Según un informe de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el programa de conectividad nacional ha llevado internet a 2.3 millones de personas en zonas rurales desde 2018, y la nueva ley busca acelerar este proceso con financiamiento para medios indígenas y afromexicanos.

Por otro lado, críticos como la CIRT y la organización Artículo 19 han expresado preocupación por la falta de claridad en algunos artículos. Aunque el artículo 109 fue eliminado, persisten dudas sobre el alcance de las sanciones a concesionarios y la capacidad de la ATDT para interpretar de manera discrecional los incumplimientos legales. Además, la prohibición de propaganda extranjera, aunque justificada por el caso de los spots de Trump, plantea preguntas sobre cómo se definirá “propaganda” y quién determinará su aplicación, especialmente en un entorno globalizado donde las plataformas digitales trascienden fronteras.

Implicaciones económicas y sociales

La reforma también tiene un impacto económico significativo. El sector de las telecomunicaciones en México generó ingresos por 557,000 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 27,850 millones de dólares) en 2024, según el INEGI, y es un pilar clave para el desarrollo digital del país. La creación de la ATDT y la reestructuración del marco regulatorio buscan atraer más competencia, pero también podrían generar incertidumbre para los inversionistas. Empresas como América Móvil, propiedad de Carlos Slim, han expresado inquietud por las nuevas sanciones y la posible revocación de concesiones, lo que podría traducirse en costos adicionales para los operadores.

Para los consumidores, la promesa de un internet más accesible es un punto a favor, pero el éxito dependerá de la implementación. En regiones como Chiapas y Oaxaca, donde menos del 50% de la población tiene acceso a internet, según el INEGI, la conectividad podría transformar la educación, el comercio y la participación ciudadana. Sin embargo, expertos advierten que sin una inversión robusta en infraestructura—estimada en al menos 100,000 millones de pesos (5,000 millones de dólares) para los próximos cinco años—los objetivos de la ley podrían quedar en buenas intenciones.

El equilibrio entre regulación y libertad

La Ley de Telecomunicaciones de 2025 es un intento ambicioso de modernizar un sector que ha sido tanto un motor de desarrollo como un campo de batalla político. Para el gobierno de Sheinbaum, representa una oportunidad de reafirmar la soberanía sobre el espectro radioeléctrico y corregir las desigualdades históricas en el acceso a la información. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de la ATDT para actuar con transparencia y de la disposición del gobierno a escuchar las críticas sin caer en la polarización.

En un país donde la confianza en las instituciones ha sido erosionada por décadas de escándalos, la implementación de esta ley será una prueba crucial para la Cuarta Transformación. Si logra cerrar la brecha digital sin comprometer la libertad de expresión, podría marcar un hito en la historia de las telecomunicaciones en México. De lo contrario, arriesga alimentar las narrativas de autoritarismo que la oposición ha esgrimido con vehemencia. Por ahora, el debate sigue abierto, y la última palabra la tendrán los legisladores, los ciudadanos y, en última instancia, el tiempo.