¿Militares en política? Sheinbaum aclara desde cuándo es legal

En un contexto de creciente polarización, la posibilidad de que militares ocupen cargos de elección popular ha desatado una tormenta de críticas y defensas en México. El 24 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, desmintiendo que esta facultad sea una novedad introducida por su administración.

"Es pura ignorancia", afirmó, al señalar que la Constitución de 1917 y la Ley Orgánica del Ejército ya permiten a los militares participar en procesos electorales bajo ciertas condiciones. Este pronunciamiento, enmarcado en la discusión de la reforma a la Guardia Nacional, no solo busca clarificar un aspecto legal, sino que reabre un debate histórico sobre el papel de las fuerzas armadas en la vida política del país.

Raíces históricas: militares y política en México

La relación entre el ejército y la política en México ha sido compleja desde los albores de la nación. Durante el siglo XIX y principios del XX, generales como Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díazencarnaron el poder militar en el gobierno.

La Revolución Mexicana (1910-1920) consolidó esta dinámica, pero también marcó el inicio de un esfuerzo por subordinar al ejército al poder civil. En 1917, la Constitución Política estableció un marco para limitar la influencia militar en la política, exigiendo que los militares en activo se separen de sus funciones para participar en elecciones.

El artículo 55, fracción IV, de la Constitución es claro:

• Los militares que aspiren a ser diputados no deben estar en servicio activo.

• No pueden tener mando en la policía en el distrito electoral al menos 90 días antes de la jornada.

Esta disposición, impulsada por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, buscaba desmilitarizar la vida política tras décadas de inestabilidad.

"La licencia especial se concede a los militares para desempeñar cargos de elección popular, sin goce de haberes.""
—General Arturo Coronel, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, junio de 2025.

La reforma a la Guardia Nacional: el detonante

La controversia actual surge de la reforma a la Guardia Nacional, aprobada en 2024 y discutida en un periodo extraordinario del Congreso en junio de 2025. Esta reforma:

• Transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

• Consolida su carácter militar.

El artículo 44 de la nueva Ley de la Guardia Nacional establece cuatro tipos de licencias:

1. Ordinaria

2. Ilimitada

3. Especial

4. Por edad límite

La licencia especial, en particular, permite a los militares con formación policial contender por cargos de elección popular o desempeñar funciones civiles en los tres niveles de gobierno, con autorización del presidente o el secretario de la Defensa.

La oposición levanta la voz

La oposición, encabezada por Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN), ha denunciado que esta disposición abre la puerta a una militarización de la política.

"Hay un párrafo que habla de una licencia especial para los de la Guardia Nacional, que en funciones pudieran competir a cargos de elección popular. Huele a autoritarismo."
—Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de MC, junio de 2025.

Jorge Romero, diputado del PAN, advirtió que la reforma "amenaza la seguridad civil y la Constitución".

La defensa del gobierno

Sheinbaum y su administración han defendido la reforma, argumentando que no introduce cambios sustanciales a la legislación existente.

En su conferencia matutina del 24 de junio, la presidenta enfatizó:

• La posibilidad de que militares participen en elecciones está regulada desde hace más de un siglo.

• "No hay nada nuevo. Es pura ignorancia de quienes critican."

Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, presentó un desglose de las leyes aplicables, respaldando esta postura.

Un ejército en expansión: el contexto de la 4T

El debate no puede entenderse sin considerar el creciente protagonismo del ejército bajo la Cuarta Transformación (4T). Desde 2018, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asignó a las fuerzas armadas tareas que van más allá de la seguridad:

• Construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

• Desarrollo del Tren Maya.

• Gestión del Corredor Interoceánico.

En 2025, la Sedena administra un presupuesto récord de 151,995 millones de pesos(aproximadamente 7,600 millones de dólares), y controla:

• Aeropuertos.

• Aduanas.

• Una aerolínea estatal.

La Guardia Nacional, creada en 2019 como una fuerza híbrida, se ha consolidado como un pilar de la estrategia de seguridad de la 4T. Con más de 120,000 elementos en 2025, esta corporación combina formación militar y policial, lo que genera ambigüedad sobre el estatus de sus integrantes.

Implicaciones democráticas: riesgos y oportunidades

El debate sobre la participación de militares en elecciones toca varios aspectos de la democracia mexicana:

Argumentos a favor

• Podría democratizar el acceso a la política, permitiendo a ciudadanos con formación militar ejercer sus derechos.

• Sheinbaum ha destacado que esta facultad no privilegia a los militares sobre otros ciudadanos.

Argumentos en contra

• Riesgo de que la influencia militar se extienda al ámbito político.

• Falta de un proceso legislativo para aprobar las licencias especiales podría concentrar poder en el Ejecutivo.

• Percepción de una Guardia Nacional politizada podría erosionar la confianza en las instituciones.

Según una encuesta de Latinobarómetro de 2024, el 68% de los mexicanos considera que la democracia está debilitada.

Voces en el debate: apoyo y oposición

El tema ha generado reacciones encontradas:

En redes sociales

• Usuarios como @bereaguilarv han calificado la medida como "alarmante".

• Medios como El Financiero y Milenio destacan la postura de Sheinbaum.

En el Congreso

• MC y PAN han prometido impugnar la reforma ante la SCJN.

• Morena y PVEM defienden la reforma como un paso hacia la modernización de la seguridad pública.

"La Constitución mexicana limita a los militares en activo en la política, una medida impuesta desde 1917 para desmilitarizar la vida política."
—Enrique Krauze, historiador, 2023.

El camino hacia adelante: un equilibrio delicado

La reforma a la Guardia Nacional y la participación de militares en elecciones plantean un desafío para la democracia mexicana:

• Equilibrar la seguridad pública con la autonomía del poder civil.

• Garantizar que estas medidas no comprometan los principios democráticos.

El futuro de esta reforma dependerá de:

1. Su implementación.

2. Los contrapesos institucionales.

3. El papel de la SCJN, que enfrenta su propia transformación tras las elecciones judiciales de junio de 2025.

Conclusión: un debate que trasciende el presente

La posibilidad de que militares ocupen cargos de elección popular no es solo una cuestión legal; es un reflejo de las tensiones entre tradición y modernización en México.

Mientras el país se prepara para las elecciones locales de 2026, el debate seguirá vigente:

• ¿Será esta reforma un paso hacia una mayor inclusión?

• ¿O un riesgo para la estabilidad democrática?

La respuesta dependerá de cómo se ejerzan las licencias especiales y de la capacidad de México para preservar el equilibrio entre poder militar y civil.