Grupo Elektra vs. el Gobierno

El viernes 27 de junio de 2025, la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se convirtió en el epicentro de una controversia que ha capturado la atención de México: Grupo Elektra, el gigante empresarial liderado por Ricardo Salinas Pliego, acusó al gobierno federal de orquestar una campaña de presiones políticas para silenciarlo, en respuesta a señalamientos sobre una deuda fiscal de 74 mil millones de pesos (unos 3.7 mil millones de dólares) con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este enfrentamiento, que combina millonarias disputas fiscales, acusaciones de abuso de poder y un trasfondo de polarización política, no solo pone en juego la reputación de una de las empresas más emblemáticas del país, sino también el rumbo de la relación entre el gobierno y el sector privado en la era de la autodenominada Cuarta Transformación.

La disputa, que ha escalado desde los tribunales hasta las redes sociales, refleja un México donde las tensiones entre el poder económico y el político se han intensificado. Por un lado, el gobierno de Sheinbaum defiende su postura como una cruzada por la justicia fiscal, asegurando que las grandes empresas deben contribuir al bienestar colectivo. Por otro, Grupo Elektra, parte del conglomerado Grupo Salinas, denuncia un ataque sistemático que busca doblegar a quienes critican al gobierno. Este conflicto, lejos de ser un caso aislado, es un capítulo más en una saga de desencuentros que ha marcado la relación entre el Estado mexicano y uno de sus empresarios más influyentes.

Los Orígenes de la Batalla Fiscal

La relación entre Grupo Elektra y el SAT lleva más de una década en el ojo del huracán. Los orígenes de esta disputa se remontan a 2006, cuando la autoridad fiscal comenzó a investigar presuntas irregularidades en las declaraciones de impuestos de la empresa, particularmente relacionadas con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y operaciones de compraventa de acciones. Desde entonces, Elektra ha enfrentado múltiples procedimientos de fiscalización, con créditos fiscales que suman decenas de miles de millones de pesos.

En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó amparos presentados por Elektra para evitar el pago de 25 mil millones de pesos por irregularidades en los ejercicios fiscales de 2008, 2010, 2011 y 2013. Este fallo marcó un precedente significativo, ya que confirmó la legalidad de las resoluciones del SAT y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Sin embargo, la empresa no cedió y continuó litigando, argumentando que las decisiones judiciales estaban influenciadas por presiones políticas.

El caso más reciente, que detonó la controversia actual, involucra un crédito fiscal de 2 mil millones de pesos (aproximadamente 100 millones de dólares) por el ejercicio de 2012, confirmado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa el 19 de junio de 2025. Elektra acusó a los magistrados Ana María Ibarra Olguín, Yaremy Patricia Penagos Ruiz y Alfredo Enrique Báez López de ignorar pruebas y alinearse con una agenda política.

“Esta decisión muestra una de las consecuencias más graves de la farsa electoral judicial: resoluciones guiadas por intereses y presiones políticas.”
—Comunicado de Grupo Elektra, 19 de junio de 2025.

La empresa sostiene que las resoluciones judiciales carecen de fundamentos legales y que el SAT ha utilizado tácticas de “extorsión fiscal” para imponer cobros desproporcionados. En respuesta, la procuradora fiscal Grisel Galeano afirmó en la conferencia matutina del 27 de junio que la deuda total de Elektra con el SAT asciende a 74 mil millones de pesos, un monto que ha crecido en 11 mil millones de pesos en el último año debido a intereses y recargos.

El Contexto Político: Un México Polarizado

El enfrentamiento entre Grupo Elektra y el gobierno no puede entenderse sin considerar el contexto político de México. Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la relación entre el gobierno y los grandes empresarios ha sido tensa. López Obrador, quien promovió la narrativa de combatir los privilegios de las élites, señaló repetidamente a empresarios como Ricardo Salinas Pliego como beneficiarios de un sistema fiscal injusto. Esta postura se mantuvo bajo la administración de Sheinbaum, quien asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024 con un discurso de continuidad en la lucha contra la evasión fiscal.

“Van a pagar los impuestos, porque no creo que la Corte de los ministros que están ahora se vaya a atrever a hacer algo en contra del pueblo de México.”
—Claudia Sheinbaum, conferencia matutina, 27 de junio de 2025.

Sheinbaum ha enfatizado que la recaudación fiscal es esencial para financiar programas sociales, como las pensiones para adultos mayores y las becas para estudiantes, que en 2024 representaron un gasto de más de 500 mil millones de pesos. En este sentido, el caso de Elektra se ha convertido en un símbolo de la batalla del gobierno por cerrar las brechas de desigualdad.

Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más influyentes de México, con un patrimonio estimado en 7.1 mil millones de dólares según índices internacionales, no ha permanecido en silencio. A través de redes sociales y comunicados, ha acusado al gobierno de utilizar al SAT como una herramienta para “acallar voces críticas”. En diciembre de 2023, desde Argentina, Salinas lanzó un comentario controvertido, criticando al gobierno mexicano e invitando a invertir “contra los zurdos de mierda”, una declaración que Sheinbaum respondió señalando la caída de las acciones de Elektra en la Bolsa Mexicana de Valores.



La Trayectoria de Grupo Elektra: De Tienda a Imperio

Grupo Elektra, fundado en 1950 como una cadena de tiendas de electrodomésticos, se ha transformado en un conglomerado que abarca banca, medios de comunicación (a través de TV Azteca) y telecomunicaciones. Bajo el liderazgo de Ricardo Salinas Pliego, la empresa se consolidó como una de las más importantes de México, con más de 7 mil tiendas en el país y una presencia significativa en América Latina. Su modelo de negocio, basado en ofrecer crédito a sectores de bajos ingresos, le ha permitido captar a millones de clientes, pero también ha generado críticas por sus altas tasas de interés.

El enfrentamiento con el SAT no es nuevo. Desde 2006, Elektra ha estado en el centro de múltiples controversias fiscales, incluyendo auditorías por supuestas deducciones indebidas y operaciones de compraventa de acciones que el SAT considera fraudulentas. En 2022, la empresa perdió un caso en la SCJN por el ejercicio fiscal de 2006, pagando 2 mil 626 millones de pesos. Actualmente, enfrenta 32 juicios fiscales relacionados con créditos que suman miles de millones de pesos, según datos oficiales.

El caso de 2012, que involucra un crédito de 2 mil millones de pesos, se centra en la omisión del ISR por la compraventa de acciones tras la escisión de una empresa del grupo. Elektra argumenta que las operaciones fueron legales y que el SAT ha reinterpretado las leyes para imponer sanciones desproporcionadas. La negativa del Décimo Tribunal Colegiado a otorgar el amparo ha llevado a la empresa a anunciar que impugnará ante la SCJN, confiando en que los nuevos ministros, nombrados en 2024, revisen el caso con imparcialidad.

Las Acusaciones de Elektra: ¿Hostigamiento o Responsabilidad Fiscal?

Grupo Elektra ha sido enfático en su narrativa: el gobierno utiliza al SAT y al sistema judicial para presionar a empresas que no se alinean con su proyecto político. En un comunicado emitido el 27 de junio de 2025, la empresa acusó a la procuradora fiscal Grisel Galeano de encabezar “acciones fuera del marco legal” y calificó las resoluciones judiciales como una “farsa electoral judicial”.

“La procuradora fiscal, Grisel Galeano, fue la encargada de llevar a cabo la extorsión fiscal a niveles impropios del Estado de derecho.”
—Comunicado de Grupo Elektra, 27 de junio de 2025.

Elektra sostiene que las decisiones judiciales ignoran pruebas documentales y violan los derechos de los contribuyentes, abriendo la puerta a cobros “abusivos y arbitrarios”. La empresa también ha señalado que los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado omitieron considerar impedimentos procesales, lo que, según ellos, evidencia una alineación con intereses políticos.

Por su parte, el gobierno defiende la legalidad de sus acciones. La procuradora Galeano ha insistido en que las auditorías fiscales son imparciales y que Elektra ha utilizado recursos legales para retrasar el pago de impuestos que adeuda desde hace más de 16 años. Sheinbaum, por su parte, ha vinculado el caso con una narrativa de justicia social, argumentando que los impuestos de grandes empresas son esenciales para financiar el desarrollo del país.

La Suprema Corte: El Último Campo de Batalla

El caso de Elektra ha llegado a un punto crítico con la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2024, la Corte aceptó revisar dos recursos de Elektra por créditos fiscales de 2008 y 2013, que suman más de 33 mil millones de pesos, argumentando que los casos presentan “interés excepcional” en materia constitucional y de derechos humanos. Sin embargo, la negativa del Décimo Tribunal en el caso de 2012 ha generado dudas sobre si la SCJN admitirá nuevos recursos de la empresa.

La composición de la Corte, renovada tras la reforma judicial de 2024, añade un elemento de incertidumbre. La presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha defendido la autonomía judicial, pero Elektra ha acusado a los nuevos ministros de estar influenciados por el gobierno. Esta percepción se ve reforzada por las declaraciones de Sheinbaum, quien sugirió que los ministros actuales no se “atreverían” a fallar en contra de los intereses del pueblo.

Implicaciones Económicas y Sociales

El enfrentamiento entre Elektra y el gobierno tiene implicaciones que trascienden lo fiscal. Por un lado, el caso pone en cuestión la confianza en el sistema judicial mexicano. Si Elektra logra revertir los fallos en la SCJN, podría sentar un precedente para otras empresas que enfrentan auditorías fiscales. Por otro lado, un fallo a favor del SAT reforzaría la narrativa del gobierno de que nadie está por encima de la ley, pero también podría alimentar acusaciones de persecución política.

Económicamente, la deuda de 74 mil millones de pesos representa una suma significativa para las arcas públicas. Para ponerlo en perspectiva, este monto equivale a más del 10% del presupuesto anual de programas sociales en México. Sin embargo, el litigio prolongado y los costos legales asociados podrían diluir los beneficios de la recaudación, especialmente si Elektra continúa impugnando los fallos.

En el ámbito social, el caso ha polarizado a la opinión pública. En redes sociales, los hashtags #GrupoElektra y #SAT se han convertido en tendencia, con usuarios divididos entre quienes apoyan al gobierno y quienes ven en las acciones del SAT un abuso de poder. En un país donde la desigualdad es un tema candente, el enfrentamiento entre un magnate y el gobierno resuena como una lucha entre el poder económico y la justicia social.

México en la Encrucijada: Poder, Justicia y Futuro

El caso de Grupo Elektra es un microcosmos de los desafíos que enfrenta México en el siglo XXI: la lucha por un sistema fiscal más equitativo, la tensión entre el poder político y el económico, y la búsqueda de un sistema judicial independiente. Para el gobierno de Sheinbaum, este enfrentamiento es una oportunidad para consolidar su narrativa de transformación, pero también un riesgo, ya que cualquier percepción de abuso de poder podría dañar su credibilidad.

Para Ricardo Salinas Pliego, el caso es una prueba de fuego. Su imagen como empresario exitoso y crítico del gobierno está en juego, al igual que la estabilidad financiera de su conglomerado. Las acciones de Elektra han enfrentado volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores, con una caída de más del 70% en diciembre de 2024 tras acusaciones de incumplimiento regulatorio, un precedente que podría repetirse si los fallos judiciales siguen en su contra.

En un México donde la polarización política y social es cada vez más profunda, este conflicto plantea preguntas fundamentales: ¿Es posible lograr un equilibrio entre la justicia fiscal y la libertad empresarial? ¿Está el sistema judicial mexicano preparado para resolver disputas de esta magnitud sin ceder a presiones externas? Y, sobre todo, ¿qué significa este enfrentamiento para el futuro de la relación entre el gobierno y el sector privado?

Mientras la SCJN se prepara para revisar los próximos recursos de Elektra, el país observa con atención. El desenlace de esta batalla no solo definirá el destino de una empresa, sino que también marcará el rumbo de un México que busca reconciliar su pasado con las promesas de un futuro más justo.

“La justicia siempre llega, aunque a veces se tarda.”
—Claudia Sheinbaum, conferencia matutina, 27 de junio de 2025.