Desmantelan Red Gigante de Huachicol

En la madrugada del 29 de junio de 2025, México despertó con una noticia que resonó en los titulares: 43 personas fueron detenidas en dos operativos simultáneos que desmantelaron redes criminales dedicadas al robo de combustible, conocido popularmente como huachicol. Este delito, que ha sangrado las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y alimentado la economía ilícita de grupos delictivos, enfrenta ahora un nuevo capítulo en la lucha del gobierno federal por erradicarlo. Con una estrategia coordinada, inteligencia de alto nivel y un despliegue sin precedentes, las autoridades mexicanas han enviado un mensaje claro: el combate al huachicol no se detiene.

El anuncio, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, marcó un hito en la batalla contra un problema que, según estimaciones oficiales, le ha costado a Pemex más de 75,710 millones de pesos entre 2019 y 2024. Pero más allá de los números, el impacto del huachicol trasciende lo económico: afecta la seguridad energética, financia al crimen organizado y pone en riesgo vidas, como lo evidenció la tragedia de Tlahuelilpan en 2019, donde una explosión por una toma clandestina dejó 137 víctimas mortales.

Operativos de Precisión: La Caída de Dos Redes Criminales

El primer operativo se concentró en el corazón del país, abarcando la Ciudad de México, el Estado de Méxicoy Querétaro. Durante seis meses, las autoridades rastrearon a una red que operaba con una sofisticación alarmante: perforaban ductos de Pemex para extraer gasolina y gas LP, almacenaban el combustible en bodegas clandestinas y lo distribuían a gasolineras cómplices. Este grupo, liderado por figuras como Ciro Sergio “N” y Luis Miguel “N”, alias “El Flaco de Oro”, no solo se beneficiaba de la sustracción ilegal, sino que, según las investigaciones, operaba con la presunta protección de autoridades locales y estatales.

“La desarticulación de estas redes no solo afecta sus capacidades operativas y financieras, sino que reafirma el compromiso de este gobierno en la lucha contra la impunidad.”
—Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En este operativo, las fuerzas federales aseguraron 12 inmuebles, 21 tractocamiones, 36 armas de fuego, 15.8 millones de pesos en efectivo y un número indeterminado de animales exóticos, que ya fueron entregados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La magnitud de los decomisos refleja la escala de las operaciones de esta red, que había convertido el robo de hidrocarburos en un negocio multimillonario.

El segundo operativo, en el norte del país, se centró en Coahuila y derivó de una investigación iniciada en marzo de 2025, tras el decomiso de un buque en Tamaulipas cargado con combustible ilícito. Este golpe resultó en la detención de 11 personas vinculadas a otra red que operaba en la región. Aunque menos extensa, esta operación subraya la diversificación geográfica del huachicol, un delito que no respeta fronteras estatales y que se ha adaptado a los esfuerzos gubernamentales para combatirlo.

El Huachicol: Un Problema Arraigado en la Historia Mexicana

El robo de combustible no es un fenómeno nuevo. Desde la década de 1970, cuando Pemex consolidó su monopolio sobre la producción y distribución de hidrocarburos, las tomas clandestinas comenzaron a surgir como una práctica oportunista. Sin embargo, fue en los últimos 20 años cuando el huachicol se transformó en un negocio estructurado, impulsado por el crimen organizado. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), las tomas clandestinas se dispararon, pasando de 3,674 en 2012 a 12,581 en 2018, según datos oficiales de Pemex. Este crecimiento exponencial no solo reflejó la audacia de los grupos delictivos, sino también la complicidad de algunos funcionarios dentro y fuera de la empresa estatal.

La llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018 marcó un punto de inflexión. Su administración lanzó una estrategia integral para combatir el huachicol, que incluyó el cierre temporal de ductos, la vigilancia militarizada de instalaciones estratégicas y la creación de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex. Entre noviembre de 2018 y junio de 2024, el volumen de combustible robado disminuyó en un 94.2%, pasando de 81,000 barriles diarios a 4,700, según el último Informe de Gobierno de López Obrador. Sin embargo, la persistencia del delito, como lo demuestra la reciente operación, evidencia que la erradicación total sigue siendo un desafío.

“A pesar de los avances, el robo de combustible no ha sido erradicado. Es un problema complejo que requiere una estrategia multidimensional.”
—Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en su conferencia matutina del 30 de junio de 2025.

Las Raíces del Problema: Pobreza, Corrupción y Crimen Organizado

El huachicol no es solo un delito económico; es un fenómeno social profundamente arraigado. En regiones como el Triángulo Rojo en Puebla o las zonas rurales de Hidalgo, la pobreza extrema ha empujado a comunidades enteras a participar en el robo de combustible, ya sea por necesidad o por coerción de grupos criminales. En 2019, López Obrador reconoció que el abandono social era un factor clave: “Si hay gente que roba combustible, es porque se le abandonó por completo y no han tenido posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas.”

Sin embargo, la pobreza no explica por completo la magnitud del problema. La corrupción ha sido un pilar fundamental del huachicol. Desde empleados de Pemex que facilitan información sobre los ductos hasta autoridades locales que hacen la vista gorda, la colusión ha permitido que el robo de combustible prospere. En el operativo reciente, las autoridades señalaron que la red desmantelada operaba con la protección de funcionarios de los tres niveles de gobierno, un recordatorio de que la lucha contra el huachicol también debe ser una batalla contra la impunidad.

El crimen organizado, por su parte, ha encontrado en el huachicol una fuente de ingresos comparable al narcotráfico. Grupos como el Cártel de Santa Rosa de Lima o el Cártel Jalisco Nueva Generación han diversificado sus actividades, utilizando el combustible robado para financiar otras operaciones ilícitas. Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre 2019 y 2024, se bloquearon cuentas por 12,123,948 pesos relacionadas con el comercio ilegal de combustibles, pero estas cifras apenas arañan la superficie de un mercado negro que mueve miles de millones de dólares al año.

Impacto Económico y Ambiental: Una Herida Abierta

El costo del huachicol para Pemex es abrumador. Entre 2019 y 2024, la empresa reportó pérdidas por 75,710 millones de pesos, y solo en el primer trimestre de 2025, esta cifra ascendió a 5,471 millones de pesos. Estas pérdidas no solo afectan la viabilidad financiera de la empresa, sino que también limitan la capacidad del gobierno para invertir en infraestructura energética y programas sociales.

El impacto ambiental es igualmente devastador. Las tomas clandestinas provocan derrames que contaminan suelos y cuerpos de agua, afectando ecosistemas y comunidades locales. La tragedia de San Martín Texmelucan en 2010, donde un derrame causó una explosión que dejó 30 muertos, es un recordatorio de los riesgos. En el reciente operativo, el decomiso de animales exóticos sugiere que estas redes también están vinculadas al tráfico de especies, un delito que agrava el daño ambiental.

Voces Disidentes: ¿Avance Real o Espectáculo Mediático?

No todos están convencidos de que estos operativos representen una solución definitiva. Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, señala que la impunidad sigue siendo el principal obstáculo. “A pesar de los decomisos, los detenidos son pocos en proporción al tamaño del problema. La gente no denuncia porque no percibe que sea un problema que les afecte directamente”, explica. En Jalisco, por ejemplo, se registraron 453 tomas clandestinas entre enero y marzo de 2025, pero no hay reportes de denuncias penales significativas.

Otros críticos, como la organización civil México Evalúa, argumentan que los operativos, aunque espectaculares, no abordan las causas estructurales del huachicol, como la falta de empleo en comunidades vulnerables o la necesidad de reformar la estructura interna de Pemex para prevenir filtraciones de información. “Sin una estrategia integral que combine inteligencia, prevención y desarrollo social, estos golpes son solo paliativos”, advierte un informe reciente de la organización.

El Futuro del Combate al Huachicol

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha prometido intensificar los esfuerzos para erradicar el robo de combustible. Durante su conferencia matutina del 30 de junio, la presidenta anunció un programa especial para reforzar la vigilancia de los ductos de Pemex y combatir la corrupción interna. Sin embargo, los retos son enormes. La sofisticación de las redes criminales, la persistencia de la corrupción y la vulnerabilidad de las comunidades rurales exigen un enfoque que vaya más allá de los operativos espectaculares.

El reciente golpe al huachicol es, sin duda, un paso en la dirección correcta. La detención de 43 personas, el decomiso de millones de pesos en activos y la desarticulación de dos redes criminales demuestran que el gobierno federal tiene la capacidad de golpear donde duele. Pero el camino hacia la erradicación del huachicol es largo y complejo. Como señaló el fiscal general Alejandro Gertz Manero, “estas operaciones muestran que las autoridades tienen cada vez más fuerza, pero la lucha debe ser constante y sin tregua.”

Un Llamado a la Sociedad

El combate al huachicol no es solo responsabilidad del gobierno. La sociedad mexicana, desde las comunidades afectadas hasta los consumidores de combustible, juega un papel crucial. Denunciar las tomas clandestinas, rechazar el combustible ilícito y exigir transparencia a las autoridades son pasos esenciales para desmantelar este negocio que amenaza la seguridad y la economía del país.

Mientras México avanza en esta batalla, el operativo del 29 de junio de 2025 quedará registrado como un momento clave en la lucha contra el huachicol. Pero la verdadera victoria no se medirá solo en detenciones o decomisos, sino en la capacidad del país para construir un futuro donde los recursos energéticos estén al servicio de la nación y no de la delincuencia.